Contrato de trabajo

Imagina que eres propietario de un terreno y contratas a un contratista para que construya una casa en él. Ambos acordáis las condiciones, que se detallan en un Contrato de Obras. En él, conservas los derechos sobre la casa una vez finalizada la construcción.

Supongamos que, como empresario, contratas a un diseñador gráfico autónomo para que cree un logotipo para tu empresa. Los detalles del acuerdo establecidos en un Contrato de Trabajo Autónomo, establecen claramente que el logotipo, una vez creado, es propiedad exclusiva de tu empresa.

Por ejemplo, en un Contrato de Trabajo Autónomo, la oferta puede ser una empresa que propone contratar a un escritor autónomo. La aceptación se produce cuando el escritor acepta prestar los servicios solicitados. Ambas partes tienen la intención de crear un contrato jurídicamente válido, garantizando que su acuerdo sea ejecutable.

Imagina un contrato de obras de construcción en el que surge una disputa sobre la calidad de los materiales utilizados por el contratista. El tribunal examinaría la redacción del contrato, el contexto durante su creación y cualquier comunicación relevante entre las partes para interpretar el contrato y resolver el litigio.

En un famoso caso, Bettini contra Gye (1876), un cantante de ópera, Bettini, incumplió su contrato al faltar varios días a los ensayos. El tribunal tuvo que decidir si esto constituía un incumplimiento de la condición (un término importante del contrato), que permitiría a la otra parte, Gye, rescindir el contrato. El tribunal dictaminó que la asistencia a los ensayos era una garantía (término menor), no una condición, por lo que Gye no tenía derecho a rescindir el contrato. Este caso arroja luz sobre las implicaciones de los distintos tipos de incumplimientos contractuales.

El caso Fischer contra Bell (1961) es un ejemplo notable relativo al elemento de oferta de un contrato. En este caso, un comerciante tenía expuesta en su tienda una navaja con la etiqueta "en venta". Sin embargo, en virtud de la Ley de Restricción de Armas Ofensivas de 1959, era ilegal vender este tipo de cuchillos. El tribunal dictaminó que, a pesar de la etiqueta "en venta", no se trataba de una oferta legal, ya que vender el cuchillo era ilegal, lo que demuestra el componente de legalidad en la formación de contratos.

En el caso Hong Kong Fir Shipping Co Ltd contra Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (1962), se fletó un barco viejo por dos años. Sin embargo, el barco pasó 20 semanas del periodo en reparación debido a la negligencia de la tripulación y a la vieja maquinaria. El fletador rescindió el contrato alegando que el armador había incumplido su condición. El tribunal dictaminó que el retraso de 20 semanas no privó al fletador de todo el beneficio del contrato. El incumplimiento no fue de una condición (un término esencial que conduce a la rescisión del contrato cuando se incumple), sino de un término innominado, un término que puede ser una condición o una garantía dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esto desplaza la atención hacia los matices de las cláusulas contractuales en el ámbito de la construcción.

En un caso, un diseñador de páginas web autónomo y una empresa se enzarzaron en una disputa sobre los derechos de propiedad del diseño de la página web una vez terminado. La empresa asumió que poseía los derechos una vez que pagó al diseñador por sus servicios. Pero como el contrato no lo especificaba explícitamente, el diseñador conservó los derechos sobre el diseño según las leyes de derechos de autor por defecto. Este caso subraya la importancia de incluir cláusulas claras de propiedad en los contratos de autónomos.

En el caso Gibson contra el Ayuntamiento de Manchester (1979), Gibson, un inquilino, manifestó su interés por comprar su vivienda municipal después de que el ayuntamiento anunciara una política de venta de viviendas a inquilinos. El Ayuntamiento envió a Gibson una carta con el precio de compra en la que decía "estamos dispuestos a vender". Gibson pensó que se trataba de una oferta y "aceptó" solicitando un préstamo. Pero el ayuntamiento decidió entonces no vender la casa. El tribunal consideró que la carta del ayuntamiento no era una oferta, sino una mera "invitación a tratar". Por tanto, no hubo asentimiento mutuo ni reunión de voluntades, y no se formó un contrato válido.